Con motivo de la incorporación de Chile en la OCDE, el 02 de diciembre de 2009 se publicó la Ley Nº 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, cohecho y receptación de especies.
Esta ley impone responsabilidad penal a todas las personas jurídicas de derecho privado y a las empresas del Estado. De esta forma, las personas jurídicas son las responsables de los delitos cometidos directa e inmediatamente para su interés o provecho, por sus dueños, controladores, responsables, ejecutivos principales, representantes o quienes realicen actividades de administración y supervisión, siempre que estos delitos se cometan por incumplimiento de los deberes de dirección y supervisión.
Asimismo, se establecen los lineamientos mínimos que deben cumplir las empresas para obtener una certificación donde se señale que cuentan con un Modelo de Prevención de Delitos que cumple con los requisitos establecidos.
En junio de 2012, tras un período de consulta pública, la Fiscalía Nacional Económica dio a conocer la guía "Programas de Cumplimiento de la Normativa de Libre Competencia".
La guia está orientada a incentivar a los diversos agentes económicos a desarrollar mecanismos internos que busquen prevenir la comisión de infracciones a la normativa de libre competencia, dando a conocer algunos lineamientos acerca de lo que ese servicio, de manera general y abstracta, estima debiera contener un Programa de Cumplimiento de la normativa de libre competencia.
La guía constituye un material de promoción y, por consiguiente, no tiene fuerza normativa. Debe ser considerada como una pauta donde se señalan en forma genérica cuáles son los requisitos mínimos que un programa debiera contener para, a juicio de la FNE, obtener los beneficios que conlleva su correcta implementación.